lunes, 4 de junio de 2018

DENUNCIA PENAL A FUNCIONARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE POR ABUSO DE AUTORIDAD

Zulay Barraza, irrumpió y clausuró arbitrariamente local de empresa de transporte de taxi, se lee en el escrito presentado al Ministerio Pùblico. 

La gerente de Desarrollo Económico, Territorial y Turístico de la Municipalidad Provincial de Cañete, Zulay Barraza Meza, fue denunciada penalmente por  el delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y como pena accesoria su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La denuncia fue interpuesta ante el despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cañete, por parte del gerente general de la Empresa de Transporte de Taxi Turístico “San Vicente Mártir” S.A.C., Víctor Hernán Zúñiga Cubas.

“El 09 de mayo a horas 11: 52 del año en curso la denunciada, procedió en forma arbitraria  la clausura transitoria de cierre de Local Comercial de mi representada, sito en Jr. O’Higgins Nº 545, San Vicente en forma arbitraria”, expresa Hernán Zúñiga.

Precisa que a pesar que su persona le explicó y le mostró la documentación emitida por la Municipalidad Provincial de Cañete para su correcto funcionamiento, la encargada de dicha área, hizo caso omiso y procedió con el cierre.

Lo que es peor, dijo que en horas de la noche, la denunciada retornó en una motocicleta acompañada de dos policías de tránsito y con tonos amenazantes, sin respetar a su familia, le conminó que procedería con el cierre definitivo del local.  

“Luego procedieron a tomar fotografías, no quedándome otra que acudir a la Policía Nacional del Perú, la constatación de abuso de autoridad y recabar los testimonios de los trabajadores municipales que señalaron sólo recibir órdenes de la señora Zulay Barraza”, relata el agraviado.

Zùñiga Cubas, señala que el local de la Empresa de Transporte de Taxi Turístico San Vicente Mártir S.A.C cuenta con su Licencia de Funcionamiento y Certificado de Defensa Civil otorgados por la Municipalidad Provincial de Cañete, constituyendo un acto arbitrario la clausura y generando pérdidas en su negocio.


“Los funcionarios públicos no deben utilizar su investidura para cometer hechos ilícitos en perjuicio de los derechos reconocidos por las leyes a los particulares, por lo que estas conductas deben ser sancionados de acuerdo a Ley por el ente jurisdiccional”, comentó su abogado, Dr. Hugo Herrera.

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