Zulay Barraza, irrumpió y clausuró arbitrariamente local de empresa de transporte de taxi, se lee en el escrito presentado al Ministerio Pùblico.
La gerente de Desarrollo Económico, Territorial y Turístico
de la Municipalidad Provincial de Cañete, Zulay Barraza Meza, fue denunciada
penalmente por el delito contra la
administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y como pena
accesoria su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La denuncia fue interpuesta ante el despacho de la Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Cañete, por parte del gerente general de la
Empresa de Transporte de Taxi Turístico “San Vicente Mártir” S.A.C., Víctor
Hernán Zúñiga Cubas.
“El 09 de mayo a horas 11: 52 del año en curso la denunciada,
procedió en forma arbitraria la clausura
transitoria de cierre de Local Comercial de mi representada, sito en Jr. O’Higgins
Nº 545, San Vicente en forma arbitraria”, expresa Hernán Zúñiga.
Precisa que a pesar que su persona le explicó y le mostró la
documentación emitida por la Municipalidad Provincial de Cañete para su
correcto funcionamiento, la encargada de dicha área, hizo caso omiso y procedió
con el cierre.
Lo que es peor, dijo que en horas de la noche, la denunciada
retornó en una motocicleta acompañada de dos policías de tránsito y con tonos amenazantes,
sin respetar a su familia, le conminó que procedería con el cierre definitivo
del local.
“Luego procedieron a tomar fotografías, no quedándome otra que
acudir a la Policía Nacional del Perú, la constatación de abuso de autoridad y recabar
los testimonios de los trabajadores municipales que señalaron sólo recibir
órdenes de la señora Zulay Barraza”, relata el agraviado.
Zùñiga Cubas, señala que el local de la Empresa de Transporte
de Taxi Turístico San Vicente Mártir S.A.C cuenta con su Licencia de
Funcionamiento y Certificado de Defensa Civil otorgados por la Municipalidad
Provincial de Cañete, constituyendo un acto arbitrario la clausura y generando
pérdidas en su negocio.
“Los funcionarios públicos no deben utilizar su investidura
para cometer hechos ilícitos en perjuicio de los derechos reconocidos por las
leyes a los particulares, por lo que estas conductas deben ser sancionados de
acuerdo a Ley por el ente jurisdiccional”, comentó su abogado, Dr. Hugo
Herrera.
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