Familiares de las victimas de la violencia interna del país exigen cumplimiento del informe de la CVR
Perú
recordará este miércoles el décimo aniversario de la presentación del informe
final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que estableció en
70.000 las víctimas de la guerra interna que asoló al país entre 1980 y el
2000, la mayoría de ellas a manos del grupo terrorista Sendero Luminoso.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos de familiares de las víctimas han convocado a una serie de actividades, entre ellas una marcha por la mañana hacia la sede del Congreso de la República, según informaron a Efe los organizadores.
Por la tarde, participarán en una ceremonia en el memorial "El ojo que llora", en el céntrico Campo de Marte, en la que se espera la participación de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y el ministro de Justicia, Daniel Figallo.
Las actividades concluirán con otra marcha por el centro de la capital hasta llegar a la Plaza San Martín.
La CVR, que recibió el mandato por parte del Gobierno de transición que presidió Valentín Paniagua (2000-2001) de investigar las causas y consecuencias de la violencia interna, fue presidida por el filósofo Salomón Lerner Febres, por entonces rector de la Universidad Católica del Perú.
Su informe final, presentado el 28 de agosto de 2003 ante el entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006), causó un gran impacto en la opinión pública peruana y abrió una polémica que aún se mantiene, al establecer en 70.000 las víctimas presentadas durante 20 años, cuando los balances oficiales hablaban hasta entonces de unas 25.000.
Los comisionados también recomendaron la investigación y el procesamiento de decenas de casos de violaciones a los derechos humanos, así como la necesidad de ubicar a los desaparecidos y ofrecer reparaciones a las víctimas y sus familiares.
Sin embargo, en estos diez años, los tribunales de Perú han dictado 28 absoluciones y 9 condenas en casos de graves violaciones a los derechos humanos denunciados por la CVR, según detalló un informe presentado la semana pasada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
La coordinadora insiste, por ese motivo, en que persiste la impunidad en el país, aunque sus representantes también admiten que el informe de la CVR "ha implicado un antes y un después con relación al manejo de los derechos humanos en Perú".
La mayoría de víctimas de la violencia interna fueron pobladores del campo, sobre todo de la región sureña de Ayacucho, que vivieron acosados entre los ataques de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y la intervención de las fuerzas armadas y policiales.
Entre 2005 y 2012, el Poder Judicial peruano absolvió a 113 imputados en casos de graves violaciones a los derechos humanos y ha condenado a otros 66, según cifras de la Asociación ProDerechos Humanos (Aprodeh).
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos de familiares de las víctimas han convocado a una serie de actividades, entre ellas una marcha por la mañana hacia la sede del Congreso de la República, según informaron a Efe los organizadores.
Por la tarde, participarán en una ceremonia en el memorial "El ojo que llora", en el céntrico Campo de Marte, en la que se espera la participación de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y el ministro de Justicia, Daniel Figallo.
Las actividades concluirán con otra marcha por el centro de la capital hasta llegar a la Plaza San Martín.
La CVR, que recibió el mandato por parte del Gobierno de transición que presidió Valentín Paniagua (2000-2001) de investigar las causas y consecuencias de la violencia interna, fue presidida por el filósofo Salomón Lerner Febres, por entonces rector de la Universidad Católica del Perú.
Su informe final, presentado el 28 de agosto de 2003 ante el entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006), causó un gran impacto en la opinión pública peruana y abrió una polémica que aún se mantiene, al establecer en 70.000 las víctimas presentadas durante 20 años, cuando los balances oficiales hablaban hasta entonces de unas 25.000.
Los comisionados también recomendaron la investigación y el procesamiento de decenas de casos de violaciones a los derechos humanos, así como la necesidad de ubicar a los desaparecidos y ofrecer reparaciones a las víctimas y sus familiares.
Sin embargo, en estos diez años, los tribunales de Perú han dictado 28 absoluciones y 9 condenas en casos de graves violaciones a los derechos humanos denunciados por la CVR, según detalló un informe presentado la semana pasada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
La coordinadora insiste, por ese motivo, en que persiste la impunidad en el país, aunque sus representantes también admiten que el informe de la CVR "ha implicado un antes y un después con relación al manejo de los derechos humanos en Perú".
La mayoría de víctimas de la violencia interna fueron pobladores del campo, sobre todo de la región sureña de Ayacucho, que vivieron acosados entre los ataques de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y la intervención de las fuerzas armadas y policiales.
Entre 2005 y 2012, el Poder Judicial peruano absolvió a 113 imputados en casos de graves violaciones a los derechos humanos y ha condenado a otros 66, según cifras de la Asociación ProDerechos Humanos (Aprodeh).
EFE
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