Asociación de Damnificados "15 de Agosto 2007"
San Vicente - Cañete
PRONUNCIAMIENTO
A 6 AÑOS DEL
TERREMOTO: POSTERGACIÓN Y CORRUPCIÓN
Al Presidente de la República
Al Presidente del Gobierno Regional de Lima
A la Alcaldesa de la Provincia de Cañete
A la opinión pública, y ciudadanía en general.
Nuestra Organización de Damnificados, firmes en la
defensa de los derechos que asisten a las familias damnificadas de nuestra
comunidad, nos encontramos en la imperiosa obligación de denunciar que a 6 años
del trágico sismo del 15 de agosto de 2007, la situación es una sola: POSTERGACIÓN Y CORRUPCIÓN.
Es de conocimiento público, que en las últimas
semanas, a través de una Comisión Especial, el Congreso de la República, ha
dispuesto que se denuncien a CENTENARES
DE PERSONAS QUE SIMULARON SER DAMNIFICADOS para acceder a los bonos de
reconstrucción, además de exhortar al Poder Ejecutivo cumplir con PAGAR
A LOS 39,165 DAMNIFICADOS QUE NO COBRARON OPORTUNAMENTE LA AYUDA ECONÓMICA por
234 millones 990 mil soles.
Todo ello, se ve asociado al execrable caso registrado en el distrito de
Chilca, donde una denuncia pública difundida en un medio nacional, ocasionó que
hasta el día de hoy se desatienda a las víctimas de tal fenómeno natural. Es
por ello que, aplaudimos LA DECISIÓN DE
DENUNCIAR A LOS ALCALDES DE LA ZONA SUR DEL PAÍS, COMPROMETIDOS EN HECHOS
IRREGULARES DURANTE ESTO AÑOS EN MENOSCABO DE LOS DAMNIFICADOS. SIN
EMBARGO, EXIGIMOS UNA PROFUSA INVESTIGACIÓN EN AQUELLOS QUE SINTIÉNDOSE
LIBERADOS, SON RESPONSABLES POR SU DESIDIA, DE LA POSTERGACIÓN EN LA QUE LAS
FAMILIAS DAMNIFICADAS SE ENCUENTRAN HASTA EL DÍA DE HOY.
En el caso particular, en la provincia de Cañete, aún
persisten centenares de familias y pueblos sumergidos en el abandono de las
autoridades. No sólo promesas
incumplidas de ciudades emblemáticas, como el caso de Hualcará; sino la burla de programas de vivienda en
terrenos del Estado, que ha terminado en manos privadas como es el llamado
proyecto Ciudad Sol de Imperial.
Nuestras autoridades inmediatas, del Gobierno Regional
de Lima, y de la Municipalidad Provincial de Cañete, en estos últimos años
tampoco han mostrado interés en atender la problemática del damnificado
cañetano. Sólo quedaron palabras de campaña y de enfrentamiento político, que
no han contribuido en resolver una necesidad social latente.
De otro lado, ha resultado lamentable que hasta un
organismo internacional como el PNUD haya entorpecido la ejecución de un
proyecto, que contó con el visto bueno de la Municipalidad Provincial de
Cañete. El soporte económico aún sigue en depósito de una entidad financiera,
dado que aún no envían a un representante que coordine, cuando ello era
responsabilidad de nuestra representada.
Es por ello que, actuando dentro de nuestras
facultades que como ciudadanos damnificados nos reconocen las leyes, exigimos
la inmediata atención de lo siguiente:
1. Se financie la inmediata entrega del Bono 6000 y Bono
Familiar Habitacional, a fin de atender a las familias que durante 6 años
consecutivos no han recibido ningún apoyo del Estado Peruano.
2. Se proceda con un programa intensivo de Saneamiento
Físico Legal de Viviendas afectadas por el Sismo del 15 de agosto de 2007. La
informalidad aún gobierna en nuestro pueblo, y transcurre el tiempo sin que se
avizore solución administrativa alguna
3. Reconocemos la importante ejecución y construcción
del Hospital Regional de Cañete, sin embargo, exigimos se destinen las partidas
presupuestales que conlleven a su total culminación y equipamiento.
4. Llamar la atención del Presidente del Gobierno
Regional de Lima, dado que hasta el día de hoy se desconoce el paradero de los
"ALMACENES DE AVANZADA" que tanto mencionaba cuando fuera alcalde
provincial y candidato regional. Es una tarea pendiente, que no merece ser
olvidada.
5. Exigimos, al Congreso de la República amplíe una
investigación en aquellas ex autoridades que se sienten liberadas de su informe
al no evidenciarse responsabilidades. Asimismo, al Ministerio Público, y a la
Procuraduría Anticorrupción, a formular en forma seria las denuncias penales
respectivas.
Cañete, agosto de 2013.
Alberto Neyra Bolivar
Presidente
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