Javier Alvarado afronta proceso por millonario cobro a Telefónica
 | |
| ESCÁNDALO. Las cosas no están bien para Javier Alvarado |
En falta. En el 2002, la Contraloría General de la República determinó la
existencia de irregularidades en la gestión del entonces alcalde distrital de
Lunahuaná. Ello derivó, 10 años después, en una acusación fiscal contra el
ahora presidente regional de Lima Provincias por los delitos de peculado y
colusión, entre otros.
Francesca García/
Un cobro irregular a la empresa Telefónica del Perú que asciende a más
de 3 millones de soles, presuntamente cometido el 2002, último año de
gestión como alcalde distrital de Lunahuaná, coloca hoy al presidente
regional de Lima Provincias, Javier Alvarado, frente a las instancias
judiciales. Acusaciones por los presuntos delitos de colusión, peculado,
falsedad ideológica y malversación de fondos, de probarse, podrían
llevarlo a prisión.
Las bases de la acusación nacen de un informe de la Contraloría
General de la República de mayo de 2006. El documento verifica la
existencia de irregularidades en la contratación de la empresa Asesores
y Consultores Reften SAC para ejecutar fiscalizaciones tributarias y
administrativas a empresas que brindaban servicios a la referida sede
edil.
Según el documento judicial, la Municipalidad Distrital de Lunahuaná
contrató a Reften SAC de manera directa –incumpliendo la ley de
contratación–, la cual, en el supuesto cumplimiento de su fiscalización,
embargó 3 millones 489 mil 21 nuevos soles a la Telefónica por el cobro
de multas tributarias y administrativas, monto del cual la referida
empresa recibió –según contrato– el 35%, es decir, 1 millón 221 mil 153
nuevos soles.
Del saldo de 2 millones 267 mil 873 que debía ser utilizado, según
la Municipalidad de Lunahuaná, en la ejecución de obras en su
jurisdicción, solo fue sustentado un monto de 252 mil 748 nuevos soles y
sobre el resto no se remitieron la descripción detallada ni los
informes técnicos que sustenten la ejecución, como lo refiere
posteriormente una investigación de la Dirección Contra la Corrupción de
la Policía Nacional de noviembre del 2010.
Por todo lo anterior, la Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Cañete dispuso la formalización y continuación de la
investigación preparatoria contra Javier Alvarado y otros implicados y
actualmente se encuentra en la Corte Superior de Justicia de Cañete.
Según informaciones periodísticas recogidas por este diario, Alvarado no
habría asistido a las citaciones judiciales más de una vez.
Es solo interés político
Desde su oficina en la sede regional en la ciudad de Huacho (capital de
la provincia de Huaura), Javier Alvarado atribuye que las denuncias en
su contra son evidencia de la intencionalidad política de sus
adversarios por socavar su gestión al mando de la región.
"El tema se investigó y se archivó el 20 de agosto del 2008. Ahora
por el tema coyuntural político buscan revivir algo que ya fue
investigado", sostuvo Alvarado tras señalar que su defensa ha presentado
un documento de excepción de cosa juzgada ante la instancia que sigue
el caso.
"La Constitución ampara a que no se pueden investigar dos veces (por
el mismo delito)a las mismas personas", dijo quien precisó que al
presentar la excepción por cosa juzgada y al mantenerse ante la
expectativa de la admisión de la misma no se puede hablar de un "proceso
judicial".
Consultado por el porcentaje de 35% brindado a Reften que según
Contraloría escapa del monto estipulado por ley, sostuvo que en ese
momento la "necesidad" de efectuar obras y contar con mayores recursos
los llevó a aceptar los requerimientos de dicha empresa.
"Eso no es un delito fue así que Lunahuaná mejoró", se justificó.
Contraloría lo involucra en otro ilícito como alcalde de Cañete
La Contraloría General de la República determinó en el 2010 la
existencia de irregularidades en la administración, utilización y
destino de los recursos de depósitos en la cuenta corriente denominada
"Fondo de Inversiones" (Finver) a cargo de la alcaldía provincial de
Cañete, cuando Javier Alvarado estaba a cargo de la misma, por una suma
de 4 millones 5 mil 226 nuevos soles. Como descargo, Alvarado señala que
la denuncia fue efectuada por él luego de que renunciara al cargo
provincial para asumir la presidencia regional. La Contraloría lo
determina sospechoso por delito de abuso de autoridad, omisión,
rehusamiento o demora de actos funcionales, peculado, entre otros, en
agravio de la Municipalidad de Cañete.
Alvarado menciona que dejó el cargo a fines de marzo del 2010 y
efectuó la denuncia el 3 de agosto del 2010 contra uno de sus
funcionarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario